Al mediodía del viernes 08 de diciembre, el Ministerio Público (MP), en conferencia de prensa informó que existen anomalías en el proceso electoral, solicitando el retiro de la inmunidad al presidente electo Bernardo Arévalo y al diputado Samuel Pérez.
En la conferencia de prensa se dio a conocer la investigación sobre el caso “Corrupción Semilla”. El MP evidenció que el proceso en contra del Movimiento Semilla está lleno de hallazgos delictivos. Según la investigación hay muertos inscritos, falsificación de firmas y personas a quienes se les inventó su identidad sin existir realmente.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) sabía de estas ilegalidades y no dio a conocer el caso al MP, e inscribió al partido político Movimiento Semilla, volviéndose cómplice de los delitos descubiertos. Luego, en marzo, el presidente electo presentó una denuncia en contra de Gudiel Arias por las adhesiones ilegales al partido. Por lo que el ente investigador giró órdenes de aprehensión en contra de Jaime Gabriel Gudiel y Cinthya Rojas por los delitos de falsedad ideológica con agravación electoral continuada.
Por este caso trabajadores del TSE ya se presentaron a audiencia de primera declaración donde aceptaron los cargos por tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, por los cuales ya se dicto sentencia condenatoria. En los ilícitos se encontraban 5 mil 542 personas que no existen en afiliación al partido y otras 2 mil 394 personas cuya información personal no coincide con su documentación legal, 132 personas se encuentran varias veces inscritas al mismo partido, siendo 40 personas inscritas luego de su fallecimiento.
Así mismo abordó el tema de incompatibilidad de ingresos y egresos que el partido tuvo según la auditoría financiera practicada. Entre los hallazgos se encontró inconsistencias en los libros de ingresos y en los datos no se encontró la identificación de los financistas, encontrando 7 violaciones a la normativa electoral. Por lo que se le impuso una multa de US$500 mil 01, por lo que el 28 de julio del 2022 por escritura pública el partido hizo un contrato y los suscribieron por la cantidad de US$ 44 mil firmando Bernardo Arévalo, Samuel Pérez, Manuel Alvarado y Ligia Hernández. En la misma fecha se acusó, por medio de declaración jurada a Manuel Alvarado de obtener ingresos ilícitos.
Por la cantidad de US$ 44 mil y se detectó una transacción sospechosa, por medio de la Intendencia de Verificación Especial, quien declaró que la cantidad no esta respaldada. Por lo que en esta ocasión se vuelve a solicitar el retiro de la inmunidad contra Arévalo.
Por su parte la agente fiscal Leonor Morales hablo sobre el 12 y 29 de septiembre en donde se realizaron cateos al centro de operaciones del proceso electoral y la sede del tribunal supremo electoral TSE, donde se estableció la ilegalidad en que se había trabajado los formatos de las pasadas elecciones, acusando al TSE de haber incumplido en la publicación de datos, delegando a terceros nacionales e internacionales, incluyendo la compra del sistema informático sobrevalorado que comprometió el proceso, vulnerando la información, saboteando la voluntad del pueblo.
Denunciado la ilegalidad del personal del TSE en la coincidencia de datos electorales descritos en las actas numero 4 al cierre del escrutinio, mencionando la falta de aprobación por parte de los magistrados del formato utilizado. Por su parte el fiscal de la FECI Rafael Curruchiche dijo: “Que certeza pueden tener los datos que se consignaron el acta 4” y dijo que a criterio del Ministerio Publico MP las elecciones presidenciales deberían anularse.
En base a la investigación realizada por el MP se hallaron delitos como Lavado de dinero y otros activos, Trafico de influencias. Delitos por los que se solicita el retiro de inmunidad. (Fotografía: MP).
