Luego de una semana de bloqueos y manifestaciones en los diferentes puntos del país, en donde la población busca y exige la renuncia de la Fiscal General y jefa del Ministerio Publico, María Consuelo Porras Argueta, el Fiscal Rafael Curruchiche y el juez séptimo penal Fredy Orellana.
Las autoridades indígenas de los 48 cantones de Totonicapán convocaron a paro nacional luego de las acciones realizadas el pasado 30 de septiembre donde autoridades del MP allanaran la sede central del Tribunal Supremo Electoral y secuestraran las actas N0. 4 y 8 de los comicios del 25 de junio.
El paro causó perdidas millonarias debido a la paralización del comercio en la importación y exportación de productos, llevando a varios puntos del país al desabastecimiento de productos de primera necesidad, en especial en el Occidente del país, donde ya no se cuenta con combustible, gas propano. Los supermercados ya no cuentan con inventario.
Esta jordana de protesta está afectado también a los centros comerciales y restaurantes de las cadenas más reconocidas, los cuales han sido obligados a cerrar sus puertas al público, por la opresión de los manifestantes, causando una gran desestabilización económica y política en el país.
La lucha por la democracia deja serias consecuencias y el ministerio público a través del departamento de comunicación reitera que la fiscal Consuelo Porras seguirá en su cargo y que no renunciará, continuará atendiendo los casos en curso, y reafirma su compromiso por la búsqueda de la verdad en los casos del proceso electoral.
En diferentes puntos del país comienzan a padecer de desabastecimiento. (Fotografía: Soy 502).
